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  • Kori Paulett Silva

Mi mascota y yo



En los últimos años, el valor afectivo hacia las mascotas, su respeto y consideración, se han incrementado ostensiblemente, incluso se plantea que se les asignen derechos o la calidad de sujetos de derecho. En nuestro país, se han desarrollado sendas batallas constitucionales sobre los animales, como el caso “perro guía” (Cósar vs. Plaza Vea, STC 02437-2013-PA/TC), en el que se determinó una inconstitucional prohibición de ingreso a supermercados de personas con discapacidad visual con sus perros lazarillos; o el proceso de inconstitucionalidad contra las corridas de toros y peleas de gallos, así como el caso de la prohibición de mascotas en edificios multifamiliares o condominios.


En la STC N° 01413-2017-PA/TC, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió el caso de una persona que tenía un perro en su departamento ubicado al interior de un edificio multifamiliar, cuyo reglamento interno prohibía la tenencia de mascotas desde el 2015, y disponía que quienes tenían mascota con anterioridad a ese año debían circular con ellas por las escaleras de servicio no por el ascensor, y también se prohibía el ingreso de visitantes con mascotas. A primera vista, el tema parecía carecer de relevancia constitucional, sin embargo, el TC consideró lo contrario entendiendo que los hechos se subsumían en los derechos al libre desarrollo de la personalidad y libertad de tránsito, recordando que los derechos fundamentales no solo tienen eficacia vertical (hacia el Estado) sino también eficacia horizontal (entre privados).


En ese sentido, respecto al primer derecho mencionado, indicó que dentro de la cláusula general de libertad que tal derecho implica, se encuentra también la posibilidad de contar o no con una mascota, siendo una decisión personal libre como parte del plan de vida de cada persona. En lo concerniente al segundo derecho, se estableció que las personas tienen derecho a transitar libremente por el territorio nacional, derecho que también se proyecta al ámbito privado como los condominios o edificios multifamiliares. En el caso comentado, el TC no negó la facultad de las juntas de propietarios de reglamentar la convivencia en zonas de uso común, precisó que las prohibiciones deben ser razonables y de ultima ratio.


Como cualquier derecho fundamental, los mencionados no son absolutos, empero, esas restricciones deben ser razonables, en el caso concreto el TC recurrió al test de proporcionalidad a fin de verificar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las prohibiciones mencionadas, determinando que estas perseguían el fin legitimo de limpieza, salubridad y seguridad, empero, no eran necesarias ya que existían medidas alternativas como el uso de bozales, horarios de paseo de mascotas, obligación de limpieza de las áreas luego de usarlas etc. Además, recordó que visitantes con discapacidad visual no deberían estar prohibidos de ingresar con sus perros guías, por lo que el amparo fue declarado fundado, disponiendo que las prohibiciones sean inaplicadas al demandante.

Si tienes un caso similar, reivindicamos tus derechos. Paulett abogados

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